Movimientos sociales y organizaciones peruanas rechazaron este martes la postura de congresistas ultraconservadores quienes han expuesto públicamente a niñas embarazadas por violencia sexual.

Colectivas feministas han denunciado a la congresista Milagros Jaúregui de Renovación Popular, quien fue cómplice de la publicación de una serie de imágenes donde mostraron a niñas víctimas de violación, vestidas en uniforme, formando una fila junto a ella mientras sostenían a sus bebés nacidos de embarazos forzados.

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Las acciones, que varios colectivos feministas han calificado de instrumentalización política del cuerpo de niñas, han reactivado el debate sobre derechos sexuales y reproductivos, educación sexual integral, y el uso del dolor de las mujeres y menores como herramientas de poder.

Jáuregui afirmó que en ese lugar las niñas sobrevivientes pasan “su dolor con un grupo de personas que ama, aconseja y consuela”, y que ninguna de ellas “se ha arrepentido de dar a luz” porque “el bebé es el único que tiene pena de muerte y el resto no”.

La secuencia fue tomada en un evento del refugio La Casa del Padre, administrado por Jáuregui y su esposo, donde niñas de entre 10 y 13 años que quedaron embarazadas tras abusos y fueron presentadas públicamente como un “logro” y “ejemplos” de maternidad.

Las organizaciones Flora Tristán y Manuela Ramos condenaron la utilización del sufrimiento de estas niñas para reforzar narrativas antiderechos y criticaron la presentación mediática de sus casos como forma de promover un discurso que niega el derecho al aborto terapéutico incluso en casos de violación.

Por su parte, la organización de derechos humanos DEMUS condenó este acto como tortura, responsabilizando al Estado. “El Estado sigue sometiendo a un embarazo forzado a niñas y adolescentes. Esta práctica ha sido calificada por el Comité contra la Tortura como un trato cruel, inhumano y degradante que no podemos seguir tolerando”, agregó.

Por su parte la excongresista Indira Huilca subrayó que «las niñas no son trofeos. El Ministerio Público tiene la obligación de proteger la identidad de las niñas que han sido víctimas de un acto delictivo y el Ministerio de la Mujer de este régimen no puede seguir siendo cómplice de espacios donde se vulnera y niñas doblemente maltratadas: por el Estado y por sus agresores».

Entre tanto, la organización feminista Manuela Ramos refirió que exponer a niñas y adolescentes forzadas a ser madres es un acto cruel y de vulneración de sus derechos.

El 2025 cerró con 87 casos de abuso sexual contra menores y en 2026 ya se ha reportado un caso, de acuerdo con la Directorio de Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de la provincia de Condorcanqui. Sin embargo, el Ministerio público cerró dos fiscalías especializadas y tres unidades médico-legales en la provincia.

Según la activista por el derecho a decidir, Estheffany Chavez, en estos lugares —a los que incluso el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) deriva a las niñas— no se garantizan derechos fundamentales, sino que se les obliga a continuar embarazos producto de violación, desconociendo que el aborto terapéutico es legal en el Perú desde hace más de 100 años.

“Esto no es protección, es violencia institucional”, señaló, al remarcar que se priva a las víctimas de información, atención en salud integral y alternativas reales, afectando gravemente su salud física y mental.

Sin embargo, presionada por la congresista Milagros Jáuregui y grupos ultraconservadores, el Instituto Nacional Materno Perinatal, conocido como la Maternidad de Lima, Perú eliminó causales clave del aborto terapéutico por salud mental. Aunque el procedimiento sigue siendo legal, hoy se restringe para niñas violadas y mujeres con embarazos inviables.

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